El 8 de marzo, el presidente de EE UU Barack Hussein Obama emitió una Orden Ejecutiva que ha sido y seguirá siendo objeto de múltiples controversias y manejos políticos. Esta decisión condujo a la elaboración de una nueva “lista de personas especialmente designadas” (SDN, por sus siglas en inglés). Si la que contiene los nombres de sujetos supuestamente involucrados en tráfico de drogas es conocida como Lista Clinton, esta pasará a la historia con el apellido del actual mandatario estadounidense.
La Lista Obama es una de las consecuencias, directa e inmediata, de la aprobación el 16 de diciembre de 2014 en el Congreso estadounidense del Acta de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela, un instrumento legal que luego de un largo proceso logró el consenso de las principales fuerzas políticas que hacen vida en Washington. Esa ley asigna al Jefe del Estado norteamericano la potestad de señalar cuáles serían los funcionarios venezolanos objeto de sanción.
Entonces, aquí ya están las primeras condiciones o limitaciones fijadas por la referida ley: 1) los “sancionables” son agentes u operadores del Estado Venezolano; 2) las sanciones, tal y como ocurre con aquellos individuos ligados a redes de tráfico de drogas y al terrorismo, son de carácter administrativo. Si las personas señaladas poseen visado, se les suspende, y si no lo tienen se les niega. Igualmente, se les congelan sus bienes y activos en EE UU, y se prohíbe a cualquier persona o empresa con intereses en ese país establecer con ellos cualquier tipo de relación económica.
La Orden Ejecutiva de la que surge la Lista Obama es la forma que se establece para ejecutar la ley aprobada en diciembre. Los señalamientos particulares contra seis militares venezolanos y una fiscal del Ministerio Público, por lo tanto, son básicamente reproches de orden político. En este sentido, poco importa si ellos poseen o no activos en EE UU, o si en sus pasaportes hay permisos de entrada a ese país.
Llama mucho la atención la escogencia de los primeros sancionados. Si se tratara de un juego de ajedrez, diríamos que EE UU apuntó a los alfiles. Son personajes importantes, pero no mucho. Mañana, cuando dejen sus cargos, pocos los recordarán. Entonces, además de un reproche personal por las acciones u omisiones en las que pudieron incurrir durante la crisis política desatada a partir de febrero de 2014, hay un mensaje implícito a sus jefes inmediatos y en fin de cuenta a las personas que encabezan los poderes públicos donde ellos ejercen. ¿Por qué Obama no apuntó en su primera lista a los ministros de Relaciones Interiores y Defensa, a la Fiscal General y a los gobernadores de Estado que avalaron abiertas violaciones a los Derechos Humanos? Al ver esto, uno puede concluir que Washington aún no quiere eliminar toda vía de negociación, precisamente, con aquellos que ordenaron a los actuales sancionados.
El gobierno venezolano ha errado el enfoque sobre lo que debe hacer en esta situación. Siguió el libreto esperado: primero, las apelaciones a un nacionalismo que ya nadie cree. No sólo por la actitud muy poco nacionalista (y de mucha candidez) que se ha tenido con respecto a Cuba y Guyana, sino también porque ya sabemos que muchos de los operadores del régimen son responsables por el desfalco al erario público, básicamente mediante transferencias a paraísos fiscales del exterior o a bancos suizos dispuestos a recibir estos fondos sin hacer muchas preguntas. Nada de esto tiene que ver con la defensa de los intereses del país.La posibilidad de un entendimiento está abierta incluso para los seis militares y la fiscal. La Orden Ejecutiva es clara en el sentido de que la Cancillería estadounidense podrá emitir permisos especiales para que alguno de los integrantes de la Lista Obama viaje a EEUU. Nada fácil. Pero se debe recordar que algunos nombres incorporados en listas anteriores han sido posteriormente borrados.
También han apelado al miedo, usando para ello todos los recursos del Sibci, recordando invasiones e intervenciones castrenses en contextos totalmente distintos. Para darle más sustento a esos temores, Maduro ordenó unos “ejercicios militares defensivos” apenas se conoció la Orden Ejecutiva. Resultado: un suboficial muerto y más dispendio de recursos.
Ahora, se quiere usar la campaña gubernamental contra la Lista Obama como una herramienta de control político. Están obligando a los funcionarios públicos a firmar en respaldo a un comunicado atribuido a Maduro. En los cuerpos de seguridad se plantean nuevamente situaciones aberrantes. La amenaza velada es: al que no firme lo desplazan, no ascenderá. A los presos también los han obligado a suscribir el texto ¿Eso no es violatorio a los derechos políticos y a la libertad de pensamiento?
En fin de cuentas, el Gobierno no está defendiendo la soberanía nacional (un concepto de altísima relatividad actualmente) sino a seis militares y una fiscal que actuaron siguiendo las directrices impartidas desde arriba para ejercer violencia contra manifestantes y coartar el ejercicio de sus derechos en los tribunales. Con esa actitud, es seguro que a la vuelta de unos días nuevos nombres serán incorporados en la Lista Obama.
La Orden Ejecutiva tiene un aspecto inquietante. En el segundo párrafo se indica que la erosión de los derechos humanos en el país, la persecución de los opositores políticos, la merma de la libertad de prensa, la violencia contra los manifestantes, los arrestos y detenciones arbitrarias así como la corrupción exacerbada “constituye una inusual y extraordinaria amenaza contra la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.
Es paradójico que esto lo afirme el demócrata Obama (cuyo ascenso al poder fue saludado por Chávez) y no algún conservador tipo Bush, con quien hubo tantos conflictos, abiertos y encubiertos. Quiere decir, entre otras cosas, que para EEUU estos problemas no son tan domésticos como lo sostiene el gobierno venezolano. Que la corrupción y la violación continuada a los derechos humanos en territorio nacional surten efectos sobre la vida estadounidense. El tema de los nexos entre Venezuela y gobiernos forajidos no se menciona aquí. Ese aspecto es evaluado a través de otros mecanismos.
Es absurdo creer o sugerir que por esta razón mañana podrán estar los marines plantando bandera en Chichiriviche. Lo que se desprende en este caso es la convicción de que Washington está dispuesto a asumir un rol mucho más vigilante y proactivo en torno a lo que sucede en el país.
Otra paradoja más en todo esto es que la ley que dio origen a la Lista Obama continuará vigente cuando Maduro deje el poder. Si los que hoy gobiernan pasan algún día a la oposición, quizá respiren con alivio al saber que los nuevos mandatarios lo pensarán dos veces antes de aplicarles el garrote con la misma virulencia que ellos han mostrado hasta ahora.
