Starved of justice: Palestinians detained without trial by Israel documenta violaciones de derechos humanos relacionadas con la detención administrativa, vestigio de la época del control británico de la zona, que hace posible la detención sin cargos ni juicio en virtud de ordenes militares renovables indefinidamente.

En el informe se pide también a Israel que deje de utilizar este tipo de medidas para suprimir el activismo legítimo y pacífico en los Territorios Palestinos Ocupados.

Se insta también en él a dejar en libertad de inmediato y sin condiciones a todos los presos de conciencia, recluidos únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y reunión.

Al igual que muchos otros palestinos presos, los sometidos a detención administrativa son objeto de violaciones de derechos humanos como tortura y otros malos tratos en los interrogatorios, trato cruel y degradante durante su reclusión y, en ocasiones, castigos por protagonizar huelgas de hambre u otras protestas.

Además, los palestinos sometidos a detención administrativa y sus familias tienen que vivir con la incertidumbre de no saber cuánto tiempo estarán privados de su libertad y con la injusticia de no saber por qué están detenidos exactamente.

Como otros palestinos presos, soportan también medidas como prohibición de las visitas de familiares, traslado forzoso o expulsión, y reclusión en régimen de aislamiento.

Estas prácticas contravienen las obligaciones contraídas por Israel en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y humanitario.

Israel tiene el deber de hacer valer el derecho al debido proceso y a un juicio justo y de tomar medidas efectivas para poner fin a la tortura y otros malos tratos a detenidos.

Asimismo, Israel debe permitir recibir visitas de familiares a todos los palestinos presos y detenidos y poner fin al traslado forzoso y la expulsión. Además, está obligado a investigar las violaciones de derechos humanos, llevar a sus autores ante la justicia y ofrecer una reparación a las víctimas.

“Amnistía Internacional lleva decenios instando a Israel a poner fin a la práctica de la detención administrativa y dejar en libertad a las personas sometidas a ella si no están acusadas de ningún delito común reconocible internacionalmente ni son juzgadas de acuerdo con las normas internacionales", ha manifestado Ann Harrison, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

A finales de abril había al menos 308 palestinos sometidos a detención administrativa, entre ellos 24 miembros del Consejo Legislativo Palestino, incluido su presidente, Aziz Dweik. También figuraban entre los detenidos defensores de los derechos humanos como Walid Hanatsheh y al menos cuatro periodistas, así como estudiantes y personal universitario.

Las prolongadas huelgas de hambre de detenidos como Khader Adnan y Hana Shalabi han centrado este año la atención internacional sobre la cuestión de la detención administrativa.

Su protesta pacífica dio lugar a una huelga de hambre multitudinaria, iniciada el 17 de abril de 2012 y en la que se calcula que participaron 2.000 palestinos más recluidos en prisiones israelíes, muchos de ellos cumpliendo condena o están en espera de juicio.

Amnistía Internacional documenta también en su informe medidas adoptadas por el Servicio de Instituciones Penitenciarias de Israel contra presos y detenidos en huelga de hambre, que han denunciado haber sufrido malos tratos a manos de personal del Servicio con formación médica.

Tras alcanzarse un acuerdo auspiciado por Egipto, el 14 de mayo de 2012 se suspendió la huelga de hambre. Sin embargo, el futbolista palestino Mahmoud al-Sarsak, de Gaza, lleva ya más de 70 días, desde marzo, en huelga de hambre.

Protesta contra su reclusión sin cargos ni juicio durante casi tres años ya. En estos momentos su vida corre peligro, pues está recluido en un centro médico del Servicio de Instituciones Penitenciarias sin capacidad para prestarle la atención médica especializada que necesita dado su estado crítico.

En virtud del acuerdo del 14 de mayo, Israel accedió, entre otras cosas, a poner fin a la reclusión en régimen de aislamiento de 19 presos que llevaban hasta 10 años en esta situación y a levantar la prohibición de las visitas de familiares a presos procedentes de la Franja de Gaza.

“Aunque los medios de comunicación publicaron muchas noticias que indicaban que las autoridades israelíes habían accedido, en el marco del acuerdo, a dejar en libertad a las personas sometidas a detención administrativa cuando vencieran sus actuales órdenes de detención si no ’se recibía información nueva y significativa’ sobre sus casos, por lo que nosotros sabemos todo sigue igual en lo que a detención sin cargos ni juicio se refiere", ha explicado Ann Harrison.

“Creemos que Israel ha renovado al menos 30 órdenes de detención administrativa y dictado al menos 3 nuevas desde que se alcanzó el acuerdo, y las visitas de familiares a los presos procedentes de Gaza no han empezado aún".

“Las autoridades de Israel tienen el deber de proteger a toda persona que se encuentre en Israel o los Territorios Palestinos Ocupados de las amenazas contra su vida y su integridad física, pero deben hacerlo respetando en todo momento los derechos humanos", ha señalado Ann Harrison.

“Israel lleva decenios utilizando su sistema de detención administrativa –concebido como medida excepcional contra quienes entrañen un peligro extremo e inminente para la seguridad- para pisotear los derechos humanos de los detenidos. Este sistema es un vestigio del pasado que hay que retirar de la circulación”.

Amnistía Internacional hace campaña contra la detención administrativa en todo el mundo. En los últimos años, la organización ha documentado sistemas abusivos de detención administrativa -y ha pedido que se les ponga fin- en países como Sri Lanka, Egipto, China e India (Jammu y Cachemira).