El Centro Palestino por los Derechos Humanos (PCHR) urge al Presidente Mahmoud Abbas y a la dirección política palestina a implementar las recientes declaraciones que han hecho, en las cuales han prometido firmar y ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).

Los líderes palestinos deben cumplir sus responsabilidades sobre asegurar la justicia y reparaciones para los palestinos y palestinas víctimas de violaciones de leyes humanitarias y de derechos humanos. A la luz de la evidente incapacidad del sistema legal israelí de proveer justicia, los líderes palestinos deben buscarla a través de juzgados internacionales. La CPI es la institución primordial a través de la cual pueden buscar poner fin a la impunidad de quienes han perpetrado crímenes contra el pueblo Palestino, y lograr rendiciones de cuentas para las innumerables víctimas palestinas a las que se les ha sido denegado el acceso a la justicia durante tanto tiempo.

Desde que Palestina fue reconocida como estado observador no miembro de las Naciones Unidas el 29 de noviembre de 2012, está ahora al alcance del Presidente Abbas poder firmar y ratificar los tratados internacionales, incluido el Estatuto de Roma. Desde entonces en numerosas ocasiones, varios oficiales palestinos han hecho declaraciones amenazando hacerlo. Pedir la admisión en el CPI no es para ser usado como una amenaza vacía, usada como arma en una batalla política. Es responsabilidad de los líderes palestinos firmar este y otros tratados internacionales, con el fin de dar protección a su pueblo.

La situación de los derechos humanos en el territorio ocupado de Palestina está empeorando año tras año. Al pueblo Palestino se le continúa negando su derecho a la autodeterminación. La situación en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, se está deteriorando bajo la ocupación; Israel continúa expandiendo sus colonias; los prisioneros palestinos en cárceles israelíes están sujetos a malos tratos e incluso tortura; sigue la construcción del muro de anexión y se ejerce un excesivo uso de la fuerza contra los manifestantes por parte de los soldados israelíes. En la Franja de Gaza, 1.700.000 personas sufren una cruel forma de castigo colectivo, aislados del mundo y forzados a un infradesarrollo. Los ataques contra campesinos y campesinas en las área limítrofes y contra los pescadores continúan y, el martes 2 de abril de 2013, fuerzas israelíes lanzaron ataques aéreos en la Franja de Gaza por primera vez desde el acuerdo de alto el fuego del pasado noviembre.

Los y las civiles palestinos, personas protegidas bajo la ley humanitaria internacional, están sujetos a incesantes ataques de las fuerzas militares israelíes. Más del 80% de las víctimas durante la Operación Plomo Fundido de 2008/2009 fueron civiles. En noviembre de 2012, durante la Operación Pilar de Defensa, la población civil volvió a ser atacada. 102 de las 171 personas asesinadas por las fuerzas militares israelíes fueron civiles, incluyendo 35 niñas y niños, 14 mujeres y 3 periodistas. Más del 95% de las y los heridos fueron también civiles. Ninguno de estos ataques a gran escala han sido correctamente investigados, y se ha denegado sistemáticamente la justicia para las víctimas.

PCHR reconoce que la CPI es la principal entidad independiente que es capaz de llevar a cabo esas investigaciones. El Estado de Palestina debería firmar y ratificar el Estatuto de Roma sin dilación y presentar una declaración en el registro de la Corte bajo el Artículo 11.2 y 12.3 del Estatuto, aceptando el ejercicio de jurisdicción de la Corte desde el día de la entrada en vigor del Estatuto, el 1 de julio de 2002.

"La población de Gaza vive de la cooperación y los distintos ataques de Israel siempre han ido a las infraestructuras civiles"